Cambios y focos rojos del "plan b" de la reforma electoral de Morena

El llamado "plan B" de la reforma electoral volvió a encender la discusión en el ámbito político nacional, luego de que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde confirmaran su intención de impulsar un nuevo paquete de cambios en el Congreso. La propuesta no solo aborda temas electorales, sino que también plantea modificaciones en la organización de gobiernos locales.

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Entre los puntos centrales se encuentra la revocación de mandato, las consultas populares, la homologación de salarios de diputados locales y la reconfiguración de los ayuntamientos. Aunque el oficialismo presenta estas medidas como ajustes necesarios al sistema, especialistas advierten que su alcance podría ser mayor al planteado inicialmente.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la posibilidad de permitir consultas populares en materia electoral. Este cambio abriría la puerta a que temas relacionados con elecciones puedan someterse a votación ciudadana, algo que actualmente genera reservas entre analistas.

De acuerdo con el especialista político Juan Carlos Cruz, el mecanismo podría facilitar que la mayoría legislativa impulse consultas con relativa facilidad. Esto se debe a que la Constitución permite que una tercera parte de cualquiera de las cámaras solicite este tipo de ejercicios, los cuales posteriormente requieren la aprobación de la mayoría. En ese escenario, el peso del bloque oficialista sería determinante.

Además, el proceso incluye la validación de la Suprema Corte (SCJN) sobre la constitucionalidad de las preguntas, lo que, según el analista, podría no ser un filtro suficiente si existe afinidad política con el gobierno en turno.

El proyecto también plantea cambios en la estructura municipal. Uno de ellos es la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, ajustándolo al tamaño de la población. La intención es establecer rangos que eviten disparidades entre municipios, ya que actualmente cada estado define de manera autónoma la integración de estos órganos.

En paralelo, la propuesta contempla revisar las percepciones de funcionarios locales. El argumento del oficialismo es que aún existen casos en los que regidores reciben ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo, considerando no sólo el salario base, sino también apoyos adicionales. Asimismo, se busca que todos los diputados locales perciban el mismo sueldo, como parte de un intento por homologar criterios salariales.

Otro de los cambios relevantes es adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027, lo que modificaría los tiempos establecidos hasta ahora para este mecanismo de participación ciudadana.

El paquete legislativo será enviado en los próximos días al Senado de la República, lo que marcará el inicio de una etapa clave en su discusión. Aunque incluye diversos temas, el foco del debate se concentra en el alcance de las consultas populares en materia electoral, un punto que, según especialistas, podría redefinir la forma en que se toman decisiones de alto impacto en el país.

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