El gobernador Ron DeSantis en Florida podría dejar en vigor dos iniciativas de ley que generan fuertes críticas desde organismos de derechos humanos. Una de las propuestas daría poder a ciertos funcionarios policiales para designar como “grupo terrorista” a organizaciones que no sean de su agrado, mientras que la otra crearía una división que espiaría a determinados grupos e individuos.
La agenda del último año de DeSantis recibe actualmente duros cuestionamientos por parte de diversas organizaciones. Una de las propuestas legislativas que más críticas atrae corresponde a la HB 1471, conocida también como “Sistemas Jurídicos y Organizaciones Terroristas”.
Esta norma establece que una persona comete un delito específico si se convierte voluntariamente en miembro de una organización terrorista doméstica y actúa bajo la dirección o el control del grupo con una intención determinada.
El proyecto otorga nuevas facultades para identificar y registrar grupos terroristas:
En caso de aprobarse, las agencias estatales, subdivisiones políticas y distritos de escuelas públicas tendrían prohibido gastar fondos públicos para apoyar a organizaciones designadas como terroristas. Además, los estudiantes que promuevan a una organización terrorista doméstica o extranjera serían expulsados de inmediato.
El 26 de febrero de 2026, el proyecto fue aprobado por el Comité Judicial y añadido al Calendario de Orden Especial para el 3 de marzo. Si es sancionado por la Cámara y firmado por el gobernador, entraría en vigor el 1° de julio.
La otra propuesta que evalúan los legisladores y DeSantis podría firmar antes de ceder su cargo corresponde a la HB 945. La medida requeriría que el Departamento de Aplicación de la Ley estatal (FDLE, por sus siglas en inglés) establezca y administre una Unidad de Contrainteligencia y Contraterrorismo.
La legislación detalla los siguientes aspectos sobre el funcionamiento del grupo:
Lo que preocupa a muchos críticos es que la definición de amenazas terroristas incluye a “una persona cuyas acciones u opiniones demostradas son una amenaza o son contrarias a los intereses de este estado y de Estados Unidos”.
Actualmente, el proyecto se encuentra en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes. De ser aprobado, está programado para ser efectivo a partir del 1° de julio de 2026.
Frente a la aprobación preliminar de la HB 1471, las críticas no se hicieron esperar. Jonathan Webber, director de políticas del Southern Poverty Law Center, advirtió que “viola principios constitucionales fundamentales” y cuestionó su legalidad.
“Permite que una organización sea catalogada como organización terrorista nacional sin que el grupo, sus líderes o sus miembros tengan una condena penal previa. Eso constituye un castigo antes del debido proceso”, analizó, citado por WUSF.
Amina Spahic, portavoz de Florida For All, criticó contundentemente a DeSantis por el trasfondo de las propuestas. “Así es como se construye un estado policial”, declaró.
El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) de Florida insta a votar “no” sobre la iniciativa parlamentaria. Según su advertencia, esta podría utilizarse contra las escuelas islámicas y las organizaciones musulmanas.
Durante una audiencia del comité, la demócrata de la Cámara de San Petersburgo Michele Rayner criticó la HB 945: “la preocupación es que no veo en este proyecto de ley vallas para asegurar cómo se ve la supervisión judicial”.

