La posibilidad de que agentes federales de inmigración enfrenten cargos penales estatales dejó de ser un debate teórico en el área de Chicago. Un nuevo protocolo oficial intenta ordenar un terreno jurídico históricamente difuso, en el que la autoridad federal y la justicia local chocan con frecuencia. La medida surge en medio de tensiones políticas, protestas y casos violentos que encendieron la discusión sobre quién controla realmente a las fuerzas cuando operan dentro de una ciudad.

Un documento inédito para un escenario excepcional: presentar cargos contra agentes

Según informó Chicago Tribune, la oficina de la fiscal estatal del Cook County publicó un protocolo formal que describe cómo presentar cargos contra agentes federales de inmigración en servicio. Es la primera política oficial de este tipo y pretende orientar tanto a las fuerzas policiales que investigan como a los fiscales que revisan los expedientes.

La fiscal estatal Eileen O’Neill Burke sostuvo que la intención es dejar en claro que la inmunidad no es absoluta. “Nadie está por encima de la ley —incluidos los agentes del ICE y los fiscales—”, expresó en un comunicado citado por Chicago Tribune. La directiva establece un camino legal específico para perseguir responsabilidades cuando existan delitos bajo la legislación estatal.

Sin embargo, el documento reconoce la complejidad jurídica: la inmunidad federal sigue siendo un factor clave. La doctrina, fijada décadas atrás por la Corte Suprema, determina que un oficial federal no puede ser procesado por un estado si el presunto delito ocurrió durante el cumplimiento razonable de sus funciones. Solo podría haber acusación si la conducta fue tan extrema que no pudo considerarse parte del deber oficial.

Presión social y casos violentos que cambiaron el clima e impulsaron la medida en Cook

De acuerdo con ABC 7 Chicago, hasta ahora ningún agente federal de inmigración en servicio fue acusado penalmente, pese a episodios con heridos y muertes. Entre ellos se mencionan tiroteos fatales en Minneapolis y un caso en Chicago en el que una mujer recibió múltiples disparos.

El abogado Christopher Parente afirmó que, históricamente, estos hechos eran investigados por el Departamento de Justicia, pero sostuvo que eso ya no ocurre. Según él, en la actualidad los agentes no solo no son analizados, sino que en ocasiones reciben reconocimiento interno. “Cuando eso pasa, no queda otra instancia que el estado”, declaró.

El nuevo protocolo llegó después de meses de reclamos de organizaciones migratorias que exigían acciones contra abusos cometidos durante operativos federales. El caso en Minnesota, donde autoridades locales intentaron iniciar su propia investigación, aumentó la presión política sobre los fiscales de Illinois.

Cómo funcionará la investigación en Cook County

El Departamento de Policía de Chicago deberá recopilar evidencia cada vez que intervenga en un operativo migratorio con presuntas irregularidades. La política ordena registrar nombres y números de placa de los agentes federales, preservar cámaras corporales y reportar denuncias de víctimas o testigos.

Según Chicago Tribune, si la prueba clave permanece bajo control federal, el estado podrá solicitarla mediante un procedimiento llamado “Touhy request”, derivado de un fallo judicial de 1951 que regula cuándo una agencia federal debe entregar documentos o testimonios.

La fiscalía aclaró además que no será la investigadora principal: revisará el material recolectado por las fuerzas policiales y evaluará si existen elementos suficientes para superar la defensa de inmunidad.

Obstáculos legales y políticos para esta nueva medida en Illinois

ABC 7 Chicago explicó que existen dos grandes barreras para presentar cargos. Primero, el gobierno federal no está obligado a compartir evidencia. Segundo, la cláusula de supremacía constitucional otorga protección a los agentes federales.

El asistente principal de la fiscalía, Craig Engebretson, indicó que deberán demostrar pruebas suficientes y admisibles para superar esa defensa y probar el caso más allá de la duda razonable.