Paro general: el Gobierno intimó a La Fraternidad y a la UTA para que no adhieran a la medida de fuerza

El Gobierno nacional escaló la tensión con los sindicatos del transporte horas antes del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 19 de febrero.

A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado oficial en el que intimó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al gremio de maquinistas ferroviarios La Fraternidad a abstenerse de tomar cualquier medida de acción directa mientras rige una conciliación laboral obligatoria.

El texto oficial es claro: “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.

Sin embargo, desde UTA consignaron a El Cronista que la conciliación dictada por el Gobierno responde a un reclamo salarial: “Este es un conflicto totalmente distinto, determinado por una entidad superior a la cual nosotros estamos confederados”.

Paro general: dos conciliaciones, dos historias distintas

La advertencia del Gobierno no cayó en el vacío porque los conflictos con ambos gremios tienen antecedentes concretos.

La Fraternidad tiene una conciliación obligatoria vigente desde el 5 de febrero, cuando la Secretaría de Trabajo la dictó para frenar un paro ferroviario que estaba programado para ese mismo día. La medida, encuadrada en la Ley N.º 14.786, rige por 15 días hábiles, lo que la extiende hasta el 27 de febrero.

El conflicto de fondo es salarial: el gremio que conduce Omar Maturano reclamaba una recomposición paritaria a las empresas Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Logística, Metrovías y Ferrovías.

La UTA, por su parte, tiene una conciliación dictada el 11 de febrero en el marco de su disputa con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas del interior del país. Esa instancia rige hasta el 26 de febrero.

El problema, desde la óptica oficial, es que ambas conciliaciones siguen activas. Adherir al paro mientras están en vigor implica, en principio, una violación legal.

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