En 2025, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) a través del programa 287(g). Esta iniciativa permite a los oficiales locales ejercer funciones generalmente reservadas a los agentes migratorios.
En 1996, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes añadió la Sección 287(g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Mediante esta acción, se habilitó al ICE a delegar a oficiales del orden público estatal y local la autoridad de realizar funciones específicas de agentes de inmigración bajo su dirección y supervisión.
En su sitio web oficial, el ICE sostiene que estos acuerdos mejoran la seguridad pública al permitir a los funcionarios locales identificar y remover a extranjeros con antecedentes penales encarcelados que pueden ser deportados.
Actualmente, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del organismo opera dos modelos 287(g):
Hasta el viernes 6 de febrero de 2026, última actualización en el sitio web oficial, el ICE había firmado 1379 memorandos de acuerdo para programas 287(g) en 40 estados diferentes. Estas alianzas incluyen:
Durante el segundo mandato de Trump, en 2025, las asociaciones 287(g) aumentaron un 641%, de 135 acuerdos a más de 1000, según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el año pasado.
Además, según un informe de Migration Policy, publicado en julio de 2025, los estados con más programas 287(g) eran:
En ese sentido, el gobernador Ron DeSantis, uno de los aliados más fuertes de Trump en materia migratoria, enfatizó a mediados de enero la importancia de los acuerdos 287(g) para hacer que las autoridades locales cooperen estrechamente con los oficiales del ICE en Florida.
“Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales”, sostuvo el mandatario en declaraciones citadas por EFE.
Con políticas de santuario, muchos estados en 2026 tienen proyectos para impedir que sus localidades firmen acuerdos 287(g). Un caso reciente es el de Maryland, que está cerca de prohibir que las agencias policiales locales faciliten formalmente los arrestos federales de inmigrantes, según reveló The Washington Post.
La prohibición propuesta fue aprobada en ambas cámaras de la Asamblea General, liderada por los demócratas, durante la semana pasada.
En caso de entrar en vigor, obligaría a nueve oficinas del sheriff a rescindir inmediatamente sus acuerdos con el ICE. Para que esto suceda, solo falta la firma del gobernador Wes Moore.
En una situación similar se encuentran Nuevo México, Nueva York, Hawái y Virginia. En estos estados, los legisladores evalúan prohibiciones similares durante sus sesiones legislativas estatales de 2026, aunque aún no se avanzó con las votaciones.

