El relato del superávit fiscal basado en ocultar intereses: cómo el Gobierno maquilla las cuentas

El Gobierno nacional anunció que en el año 2025 obtuvo un superávit fiscal financiero de $1,45 billones, equivalentes al 0,17% del PBI. Si nos atenemos a los números oficiales, es una leve desmejora de las cuentas públicas respecto al año anterior, pero una clara mejora en relación con los resultados que hubo entre 2009 y 2023, y un muy buen resultado en términos de solvencia fiscal, aunque no tanto como los que se obtuvieron entre 2003 y 2008, cuando se lograron superávits fiscales comparativamente mayores. 

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Pero a este resultado se llega a partir de un artificio contable: se omite computar como gasto a la mayor parte de los intereses en pesos, con el argumento de que se “capitalizan”. Paso a explicar: el resultado financiero intenta mostrar variación de patrimonio financiero (activos financieros menos pasivos). Entonces, los intereses disminuyen ese patrimonio (son un “gasto”), y la amortización del capital no, porque se cancela un pasivo (una deuda) con un activo (dinero) o por otro pasivo, de igual valor. La presentación oficial se basa en que los intereses (que se reconocen como tales al inicio de la deuda), al vencimiento, se transforman mágicamente en capital, y entonces su pago se registra como amortización del capital, no como un gasto que incide en el resultado fiscal. 

Pero, en realidad, el pago de esos intereses no cancela ningún pasivo existente: disminuye el patrimonio financiero, ya que para pagarlos se usa un activo financiero o se aumenta la deuda. Con un criterio parecido, el Gobierno podría decir que, cuando paga transferencias a las que está obligado (por ejemplo, por acuerdos con provincias), está pagando capital, y entonces no es un gasto. Pero, además de ser demasiado burdo, no tendría tanto efecto, porque en este momento los intereses que se pagan son mucha más plata que las transferencias a las provincias. 

¿De cuánto estamos hablando? No se conoce con precisión. El dato que conocemos es el de “capitalización de intereses” que se publica, al explicar la variación de la deuda pública, pasado a dólares con el tipo de cambio de fin de cada mes. En el año 2025 figuran US$65.593 millones por este concepto. Reconvertidos a pesos, serían $83,8 billones, equivalentes a 9,7% del PBI. 

Pero sumar esto al déficit lo sobreestimaría, porque una parte del pago de intereses del Tesoro Nacional fueron ingresos para ANSES y otras reparticiones públicas, que integran el sector público no financiero: no aumentan la deuda con terceros. No se informa cuánto es; pero seguramente la mayor parte de los intereses “capitalizados” (registrados como si fueran amortizaciones de capital) corresponde a pagos al sector privado.

Por otra parte, es probable que una parte de los intereses “capitalizados” registrados en julio de 2025 correspondan a “Letras Fiscales de Liquidez” (LEFI) cuyo rendimiento, en parte, se devengó en el año 2024 (se emitieron en el mes de julio de ese año). Pero sería un efecto relativamente menor, menos del 10% de los $83,8 billones de intereses “capitalizados” en el año 2025. 

En conclusión: la información oficial no permite calcular el nivel exacto del déficit fiscal, pero no cabe duda de que existe, y es significativo.  

Se ha argumentado que no hay que computar la totalidad de los intereses en pesos, sino solo los que resultan de tasas de interés “reales”, que se obtienen luego de descontar la tasa de inflación (lo que llevaría a que el resultado fiscal mejora, al licuar intereses, si se acelera la inflación). Eso implicaría utilizar una contabilidad en “pesos ajustados por inflación” en lugar de la contabilidad pública tradicional, en pesos. Pero, si aceptamos que estos “pesos ajustados” son una medida de valor más relevante que los pesos sin ajustar, entonces una tasa de interés del 2% por mes, cuando la inflación es 3% por mes, sería un gasto negativo: en lugar de sumarse al déficit, se restaría (o se sumaría al superávit). Y, si tanto los intereses como la inflación viajan a la misma velocidad, entonces los intereses no son un gasto. 

Desde el punto de vista económico, tiene lógica, a condición de que se utilice el mismo criterio para todos los gastos; por ejemplo, para los intereses en dólares. Y, para que las comparaciones tengan sentido, habría que re-expresar todos los resultados financieros históricos, en función de considerar como gasto positivo sólo los intereses que aumentan la deuda expresada en pesos ajustados por inflación (asumiendo que tenemos un índice representativo de la inflación que no esté cuestionado), y como gasto negativo a los intereses que resultan de una tasa nominal inferior a la inflación.

Pero no parece que alguien esté proponiendo una transformación tal de las cuentas públicas; mientras no se haga, deberíamos utilizar las normas que se vienen usando para la contabilidad pública, pero depurándolas de desviaciones motivadas por el deseo de mostrar las cuentas mejor de lo que son. Algunos ejemplos de estas desviaciones: computar como ingresos corrientes a la transferencia de “utilidades” meramente contables del Banco Central al Tesoro (que, en realidad, son financiamiento con emisión monetaria); no registrar como gasto el pago de obra pública, diciendo que es inversión financiera; y no registrar el pago de intereses diciendo que se trata de amortización de capital (lo que se hace ahora). 

Entre el 31-12-2024 y el 31-12-2025 la deuda del Tesoro Nacional en moneda nacional pasó de $216 billones a $278,6 billones: creció en $62,6 billones. El aumento no coincide con el déficit fiscal real, por varias razones. Por ejemplo, seguramente contribuyó con el financiamiento de ese déficit la reducción (de $12,3 billones a $7,0 billones) de los depósitos del Gobierno nacional en el Banco Central, según consta en su balance. Y también la distribución de “utilidades” contables del Banco Central, por $12 billones; que provinieron, como en años anteriores, del aumento del valor de sus activos (medidos en pesos), no de absorción de pesos. 

Así, no sólo es falso que el Gobierno nacional haya tenido superávit financiero; también es falso que no haya habido emisión monetaria para financiar al sector público. Esos $12 billones, recibidos por el Tesoro Nacional en abril, inicialmente se depositaron en una cuenta en el Banco Central; pero de ahí se fueron retirando, ingresando así al circuito económico, representando poco más del 90% de los $13,2 billones de emisión monetaria que hubo en el año 2025. 

No es que no haya habido mejora en las cuentas públicas en la gestión Milei. Si tomamos la ejecución presupuestaria “base caja” (que computa sólo los gastos pagados y los ingresos percibidos) y excluimos los intereses (tanto pagados como cobrados), se pasó de un déficit equivalente a 3,7% del PIB en 2023 a superávits del 1% del PIB en 2024, y de 0,8% en 2025. Esta mejora en las cuentas fiscales se ha hecho a expensas de una disminución en el poder adquisitivo de salarios públicos y jubilaciones, en prestaciones a los discapacitados, en mantenimiento de las rutas, en recursos para enfrentar emergencias, en transferencias a provincias a las que el Gobierno nacional está obligado por convenios previos, etc. Pero, desde el punto de vista estrictamente fiscal, es una mejora. 

Lo cuestionable es que las autoridades mientan. Cuando no registran como gasto los pagos de intereses, diciendo que son amortizaciones de capital, están mintiendo, con el fin de decir que hay superávit financiero cuando no lo hay. Podrían decir que hay una reversión en el “Resultado primario” (el que no incluye los pagos de intereses), que pasó de un déficit importante a un superávit significativo. Al fin y al cabo, lo que monitorea el FMI es el Resultado Primario. Pero insisten en la mentira del superávit financiero, que es repetida por gran parte de los medios de comunicación. Probablemente sea para decir que se logró lo que se había propuesto (aunque no sea cierto). 

Pero también sirve para ocultar la desmejora en las cuentas fiscales: el Resultado Financiero del año 2025 que el Gobierno publicó (equivalente a 0,17% del PBI), es apenas inferior al de 2024 (0,30% del PBI), en parte porque los intereses “sincerados” (que, en 2025, incluyen básicamente intereses en moneda extranjera) bajaron: de 1,48% del PBI en 2024 a 1,19% en 2025. Pero los intereses “capitalizados” aumentaron significativamente: del equivalente a US$15.564 millones en 2024, a US$65.593 millones en 2025. Esto implica que las cuentas fiscales desmejoraron significativamente el año pasado, principalmente por el mayor gasto en intereses que el Gobierno disfraza de amortización del capital, mostrando así resultados fiscales falsos.  

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FE/MG