Florida se encamina a un cambio estructural en la forma en que se define el salario mínimo estatal. Luego de varios años de aumentos preestablecidos, el Estado del Sol dejará atrás el esquema de subas automáticas de un dólar por año y adoptará, desde 2027, un mecanismo de ajuste vinculado a la inflación.
La base legal de este proceso es la llamada Enmienda 2, incorporada a la Constitución de Florida tras una votación estatal en 2020.
Esa reforma estableció aumentos anuales graduales con el objetivo de llevar el salario mínimo a US$15 por hora en un plazo definido, que se completará el 30 de septiembre de 2026.
Este cronograma está dirigido a los trabajadores que no reciben propinas. En el caso de los empleados con propinas, la tarifa base se ubicará ese mismo día en US$11,98 por hora, lo que mantiene un esquema diferenciado en el estado.
Con ese aumento, Florida consolidará una brecha significativa respecto del salario mínimo federal, que permanece sin cambios desde 2009 en US$7,25 por hora.
La Constitución estatal habilita expresamente al Estado del Sol a fijar un valor base superior a la que rige en el país norteamericano, como parte del derecho de los trabajadores a un ingreso básico garantizado.
El verdadero cambio estructural comenzará en 2027. Desde ese año, la tarifa base dejará de ajustarse mediante aumentos fijos y pasará a actualizarse en función de la inflación.
El objetivo del nuevo mecanismo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a las variaciones del costo de vida.
La revisión no se aplicará de manera inmediata tras el cálculo. Cada año, la autoridad estatal competente realizará la evaluación correspondiente hacia finales de septiembre y publicará el nuevo valor, que entrará en vigor el 1° de enero del año siguiente. De este modo, el ajuste calculado en septiembre de 2027 comenzará a regir en 2028.
Este sistema introduce una lógica distinta a la de los años anteriores. En lugar de subas previsibles y uniformes, se pasará a depender de un indicador económico sujeto a variaciones anuales, lo que obliga a una mayor atención a los datos oficiales y a los plazos de implementación.
El cálculo del nuevo salario mínimo recaerá en la Agencia Estatal para la Innovación en la Fuerza Laboral, conocida como Career Source. Este organismo deberá aplicar el procedimiento técnico establecido en la Constitución estatal para determinar el ajuste anual.
El índice de referencia será el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). Este indicador, elaborado por el Departamento de Trabajo de EE.UU., mide la variación de precios que afecta a determinados grupos de trabajadores y se utiliza como parámetro para actualizaciones vinculadas al costo de vida.
El cálculo se basa en la inflación registrada durante los 12 meses previos al 1° de septiembre de cada año.
El porcentaje resultante se aplica sobre el salario mínimo vigente en ese momento, lo que generará una nueva tarifa ajustada. La Constitución prevé que, si en el futuro existiera un índice sucesor más adecuado, este podría ser utilizado en reemplazo del CPI-W.
El ajuste automático por inflación no limita la capacidad de los legisladores estatales. La propia Constitución establece que la Legislatura de Florida puede aprobar leyes que incrementen el sueldo mínimo por encima.
Además de elevar la tarifa base, el poder legislativo tiene facultades para modificar otros aspectos del sistema salarial. Entre ellas se encuentran la posibilidad de reducir el crédito por propinas, ampliar la cobertura del sueldo base a nuevos sectores o establecer sanciones adicionales por incumplimientos.
En consecuencia, el fin de los aumentos fijos no implica un congelamiento de la remuneración base. A partir de 2027, Florida entra en una etapa en la que el valor se moverá con la inflación, pero seguirá sujeto a decisiones políticas que pueden impulsar incrementos adicionales.

