Arturo Rafael Brito Goncalvez, ciudadano venezolano de 22 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Westerville, Ohio, durante una cita previamente programada. El joven había llegado a Estados Unidos en 2023 y se encontraba a la espera de una resolución sobre su solicitud de asilo.
Brito Goncalvez estudiaba para convertirse en piloto. Su familia sostuvo que huyó de Venezuela por persecución política vinculada a su apoyo a la oposición al régimen de Maduro.
El arresto por parte del ICE se produjo en el marco de la Operación Buckeye, un operativo federal que apunta, según las autoridades, a personas consideradas de alta prioridad migratoria.
Desde la cárcel del condado de Butler, el joven habló en exclusiva con ABC6 y cuestionó el procedimiento: “¿Qué hice para que me arresten? ¿Cuál es mi crimen?”.
Según su testimonio, los agentes le respondieron que había ingresado al país de forma ilegal, algo que él negó.
La familia presentó documentación que indica que Brito Goncalvez cuenta con visa válida y una autorización de empleo vigente en EE.UU. hasta 2029.
Su hermana Andrea afirmó que siempre conservaron los papeles migratorios disponibles y remarcó: “No estuvimos de forma ilegal desde que llegamos”.
El joven aseguró que cumplió con los controles periódicos ante las autoridades migratorias desde su ingreso al país, luego de que surgieran dudas sobre si trabajaría bajo una visa de turista.
En una revisión de ABC6 de registros judiciales de los condados de Franklin, Delaware, Union y Madison, no encontraron cargos ni condenas a nombre de Brito Goncalvez. “Nunca tuve problemas con la policía”, afirmó, y luego agregó: “Jamás me detuvieron ni me acusaron de nada”.
La familia contrató a un abogado para frenar la deportación. Brito Goncalvez expresó su temor ante un eventual regreso forzado a Venezuela.
Andrea Brito explicó que la detención puso en pausa los planes familiares, que incluían la escuela de pilotos de su hermano, sus estudios de enfermería y la carrera de su madre como asistente legal.
“Mi mamá volvió a sentir el mismo estrés y ansiedad que teníamos en Venezuela”, señaló.
La administración Trump impulsa una campaña nacional para cancelar miles de solicitudes de asilo que ya están en trámite ante los tribunales migratorios. La información fue revelada por CBS News, que accedió a documentos y testimonios de abogados involucrados en los casos.
Según el reporte, la táctica consiste en que abogados del ICE pidan a los jueces de inmigración desestimar las solicitudes sin analizar el fondo y, a continuación, dictar órdenes de deportación.
El plan apunta a remover a las personas afectadas hacia terceros países —como Guatemala, Honduras, Ecuador o Uganda— aun cuando los solicitantes no tengan vínculos previos con esos destinos.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendieron el enfoque.
En un comunicado, un portavoz del Gobierno afirmó que el objetivo es “retirar del país a inmigrantes en situación irregular con rapidez” y, al mismo tiempo, “garantizar el debido proceso, incluida una audiencia ante un juez”.
Abogados migratorios consultados advirtieron que la estrategia impacta en personas que huyeron de persecución y ya habían iniciado el camino legal del asilo.
Entre los casos alcanzados figuran solicitantes provenientes de Irán, Nicaragua y Rusia. Paúl Pirela, abogado en Houston, sostuvo que la lógica oficial “trata al sistema de asilo como un obstáculo” y empuja a los afectados a desistir o aceptar traslados forzados a países ajenos.
La ofensiva se apoya, además, en el uso de la Sección 212 (f) de la ley migratoria, que habilita al presidente a suspender el ingreso de extranjeros cuando lo considere perjudicial para el interés nacional.


