El calendario legislativo de Illinois tendrá actividad a comienzos de 2026, con la entrada en vigor de un paquete de leyes estatales aprobadas por el gobernador J.B. Pritzker. Entre ellas se encuentra la HB 3247, una norma que redefine el marco de actuación de las escuelas públicas frente a estudiantes migrantes y sus familias.

Ley HB 3247: cómo impacta en los estudiantes migrantes de Illinois

La normativa, que comenzarán a aplicarse el 1° de enero de 2026, establece obligaciones precisas para distritos escolares, directivos y personal educativo.

Su alcance abarca desde la inscripción escolar hasta la gestión de información sensible y la interacción con las fuerzas del orden.

El texto legal se apoya en precedentes constitucionales que reconocen el derecho de los niños a recibir educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio.

En ese sentido, la disposición firmada por J.B. Pritzker no crea un derecho nuevo, sino que refuerza y asegura las garantías ya reconocidas al incorporar mecanismos de cumplimiento y sanciones ante posibles violaciones.

Acceso garantizado a la educación pública en Illinois

Uno de los ejes principales es la prohibición expresa de discriminar a estudiantes por razones migratorias.

Las escuelas públicas no podrán rechazar la inscripción ni limitar la permanencia de un alumno basándose en su estatus de ciudadanía, ya sea real o presunto. Esta protección se extiende a toda la educación básica y secundaria financiada con fondos públicos.

La ley también aclara que el estatus de padres, madres o tutores no puede ser utilizado como argumento para excluir a un estudiante de clases, programas académicos o actividades escolares. Esto incluye deportes, actividades extracurriculares y cualquier beneficio ofrecido por la institución educativa.

Además, se prohíbe la aplicación de criterios administrativos que, aunque no mencionen explícitamente la migración, tengan como efecto práctico la exclusión de estudiantes. De este modo, la normativa busca evitar prácticas indirectas que limiten el acceso pleno a la educación pública.

Protección de datos y privacidad de las familias migrantes en Illinois

Otro componente central de la HB 3247 es el resguardo de la información personal. Las escuelas no podrán solicitar, recopilar ni almacenar datos sobre ciudadanía o estatus de estudiantes o de personas vinculadas a ellos, salvo que una norma estatal o federal lo exija de manera expresa.

La ley también impide que el personal escolar amenace con divulgar información a agencias de control o aplicación de la ley. Cualquier uso de datos sensibles con fines de intimidación o presión queda prohibido bajo esta normativa.

Estas disposiciones obligan a los distritos escolares a revisar formularios, bases de datos y prácticas administrativas para asegurar que no se recolecte información innecesaria.

El objetivo es reducir el riesgo de exposición de las familias pertenecientes a esta comunidad dentro del entorno educativo.

Límites al ingreso de agentes de inmigración en escuelas de Illinois

La HB 3247 establece reglas estrictas para el acceso de agentes de inmigración o de seguridad a los establecimientos escolares.

Para ingresar a una escuela, un agente deberá presentar identificación válida, una declaración escrita que explique el propósito de la visita y una orden judicial emitida por un tribunal competente.

Sin estos requisitos, la entrada no puede ser autorizada. La ley también indica que las escuelas no están obligadas a responder a solicitudes informales o requerimientos administrativos que no cuenten con respaldo judicial.

Aunque la ley comienza a tener vigencia el 1° de enero de 2026, los distritos escolares cuentan con un plazo adicional para adecuar sus políticas internas.

Antes del 1° de julio de 2026, deberán adoptar procedimientos formales que regulen cómo responder ante solicitudes de agencias migratorias.

Consecuencias legales ante incumplimientos de la ley firmada por Pritzker

La normativa incorpora herramientas legales para quienes consideren vulnerados sus derechos. Cualquier persona afectada por una violación a la ley podrá presentar una demanda civil dentro de los dos años posteriores al hecho.

En los casos en que un tribunal determine que la infracción fue deliberada, la escuela o el distrito podrá ser condenado a pagar indemnizaciones económicas. El monto puede alcanzar los 17.000 dólares.

Además, la norma prevé el pago de honorarios legales y costos de litigio a favor de la parte que resulte ganadora. Los jueces también podrán emitir órdenes para detener de inmediato la conducta que infringe la ley, sin que sea obligatorio agotar previamente instancias administrativas.