En Veracruz, desalojan escuelas por intoxicación tras fugas de hidrocarburo en Tihuatlán

Una emergencia ambiental derivada de constantes fugas de hidrocarburo en la colonia Totolapa del municipio de Tihuatlán, en Veracruz, provocó el desalojo de emergencia de al menos 300 alumnos y docentes de nivel básico, quienes presentaron síntomas de intoxicación el pasado 10 de diciembre.

Los hechos afectaron directamente a la escuela primaria "Himno Nacional" y al jardín de niños "José Vasconcelos". Según reportes preliminares y testimonios de los residentes, los vapores emanados por el derrame causaron malestares físicos inmediatos en la comunidad escolar.

Crisis ambiental en el Río Cazones

La problemática en Tihuatlán se ha agudizado en las últimas semanas. De acuerdo con las denuncias ciudadanas, la infraestructura de ductos que atraviesa la zona presenta un deterioro crítico, registrándose tres fugas recientemente: una previa a las inundaciones de octubre y dos posteriores.

El derrame más reciente, ocurrido el miércoles pasado, alcanzó un arroyo local y se ha extendido hasta el Río Cazones, comprometiendo la flora, la fauna y las fuentes de agua locales. Aunque se reportó la colocación de una malla de contención en un puente cercano, los habitantes señalan que el hidrocarburo no ha sido retirado y continúa desplazándose por el cauce.

Infraestructura y falta de protocolos

Los pobladores de Totolapa, una comunidad de aproximadamente 500 habitantes, advierten vivir sobre una "bomba de tiempo". Denuncian que la presencia de los ductos impide el mantenimiento de calles y drenajes, además de afectar la infraestructura educativa; la cancha del kínder José Vasconcelos, por ejemplo, ha sufrido reducciones en su terreno debido a la situación de los ductos.

Hasta el momento, padres de familia y profesores han tenido que improvisar la respuesta ante la emergencia, señalando la ausencia de protocolos oficiales de protección civil específicos para el cuidado de la niñez ante este tipo de contingencias químicas.

Los vecinos exigen a las autoridades federales y ambientales la reparación definitiva de las fugas y una remediación inmediata del daño ecológico antes de que la salud pública se vea más comprometida.

RLO