Redactado por Jill McLaughlin para The Epoch Times,

El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró el 7 de julio que las restricciones de arrendamiento de petróleo y gas de la administración Biden en la región ártica del norte de Alaska violaban la ley federal y pidió al tribunal que desestimara las demandas presentadas por el estado y su autoridad de desarrollo industrial y exportación que impugnaban dichas regulaciones.

Las demandas se presentaron en 2025 debido a las restricciones impuestas en 2024 por la administración Biden sobre las subastas de arrendamiento de petróleo y gas en la Llanura Costera del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Alaska argumentó que la administración esencialmente sabotó las ofertas con sus restricciones sobre el uso de la superficie y la ocupación, lo que hacía que “cualquier desarrollo fuera económica y prácticamente imposible”.

“El programa de arrendamiento de petróleo y gas de Alaska de la era Biden violó la ley y limitó indebidamente el potencial energético de Alaska con una regulación irrazonable”, dijo el fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, en un comunicado de prensa del 7 de julio.

“Este acuerdo respalda el compromiso de la administración Trump de asegurar la independencia energética estadounidense y nuestra seguridad nacional para las generaciones venideras”, añadió.

El Congreso reservó 1,5 millones de acres a lo largo de la costa de Alaska en 1980 para el posible desarrollo de petróleo y gas, y en 2017 instruyó a una agencia federal para desarrollar los recursos en esa tierra. La demanda de Alaska afirma que la administración Biden anuló la directiva del Congreso.

“Estos recursos no solo ayudan a nuestra independencia energética como nación, sino que también hacen crecer la economía de Alaska y aportan más dinero al Fondo Permanente de Alaska para las generaciones futuras”, dijo el gobernador Mike Dunleavy en una declaración de enero de 2025.

El acuerdo establece que el programa de arrendamiento de 2024 violó la Ley de Recortes Fiscales y Empleos de 2017 al abdicar del deber del gobierno de realizar una segunda venta de arrendamientos, cerrando el 75 por ciento de los 1,56 millones de acres de la Llanura Costera a la exploración y el arrendamiento, imponiendo restricciones irrazonables sobre el uso de la superficie en el 25 por ciento restante y restringiendo irrazonablemente la perturbación de la superficie.

“Este acuerdo aclara que las restricciones de 2024 de la administración Biden sobre la producción de petróleo y gas en Alaska eran excesivamente restrictivas y contrarias al claro mandato del Congreso de establecer un programa competitivo de arrendamiento de petróleo y gas en la Llanura Costera de Alaska”, dijo el fiscal general asociado Stanley Woodward en un comunicado.

La oficina del gobernador de Alaska y la autoridad de desarrollo industrial y exportación no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el acuerdo.

El Departamento de Justicia también resolvió el 7 de julio una demanda de décadas de antigüedad con Alaska relacionada con un fallido proyecto de expansión federal en el Puerto Don Young de Alaska en Anchorage, acordando pagar al estado 180 millones de dólares.

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, habla en la Casa Blanca en Washington el 16 de julio de 2020. Jim Watson/AFP a través de Getty Images

Según Dunleavy, los fondos se destinarán a la reconstrucción del Puerto Don Young.

El puerto abastece a aproximadamente el 90 por ciento de la población de Alaska con alimentos, combustible, materiales de construcción y otros bienes.