El exdefensor adjunto general (ODO) Melchor Arthur Carandang fue castigado por la administración Duterte simplemente por hacer su trabajo.

La Oficina del Presidente (OP) de Duterte lo despidió en 2018 por supuesta violación de confidencialidad y corrupción cuando hizo declaraciones sobre la investigación bancaria de la riqueza del expresidente Rodrigo Duterte.

Ocho años después, en 2026, Carandang encontró justicia en una decisión del Tribunal Supremo (SC) que anuló su destitución.

"La Orden, de fecha 14 de junio de 2019, de la Oficina del Defensor del Pueblo que ordena a Melchor Arthur H. Carandang cesar y abstenerse de ejercer sus poderes y funciones como Defensor Adjunto General, y que declara vacante su cargo, queda igualmente declarada nula," dijo la 3.ª División del SC en su fallo del 29 de enero de 2026, redactado por la magistrada asociada Maria Filomena Singh.

El SC no puede reinstituir a Carandang porque su mandato ya había expirado en 2020. En cambio, el Alto Tribunal otorgó a Carandang sus salarios atrasados correspondientes al período de su suspensión preventiva y destitución, hasta el supuesto final de su mandato.

"Carandang tiene derecho a todos los beneficios de jubilación efectivos a partir de la expiración de su mandato, solo hasta el final de su mandato," dijo el Tribunal.

El poder del presidente tiene límites

"La ponencia de 28 páginas de la magistrada Singh analiza con claridad por qué el presidente no tiene jurisdicción administrativa o disciplinaria sobre el Defensor Adjunto del Pueblo," dijo a Rappler la exmagistrada asociada del SC y exdefensora del pueblo Conchita Carpio Morales.

El caso de Carandang fue una prueba de la independencia de la Oficina del Defensor del Pueblo. La cuestión era si el ejecutivo (Duterte) tenía la facultad de destituir a un funcionario (Carandang) de un organismo constitucional como la Oficina del Defensor del Pueblo.

Para el SC, la OP de Duterte no tenía poder sobre Carandang porque la autoridad para disciplinar al exfuncionario del Defensor del Pueblo recae en el propio organismo constitucional.

La 3.ª División confirmó el fallo del Tribunal de Apelaciones (CA) de que la Segunda Decisión Gonzales se aplica como "stare decisis" (respetar lo ya decidido) en el caso de Carandang. El CA concedió la petición de Carandang de 2021 que impugnaba su destitución, por eso el caso llegó al SC.

En 2014, el Tribunal promulgó la Segunda Decisión Gonzales que declaró inconstitucional la Sección 8(2) de la Ley de la República N.º 6770 o Ley del Defensor del Pueblo de 1989. Bajo dicha disposición, un fiscal adjunto o especial puede ser destituido del cargo por el presidente.

La doctrina del stare decisis, por su parte, requiere que los tribunales sigan decisiones ya establecidas cuando se enfrentan a hechos y circunstancias similares. En otras palabras, la destitución de Carandang era nula porque la OP de Duterte no tenía poder para destituirlo. Su supuesta base legal ya era inconstitucional.

"Más allá del precedente histórico, parece que la independencia otorgada a la Oficina del Defensor del Pueblo bajo la Constitución de 1987 fue diseñada deliberadamente para frenar el potencial de extralimitación ejecutiva," dijo el SC.

"Permitir que el Presidente discipline unilateralmente a los funcionarios encargados de investigar posibles irregularidades dentro de la administración invita a represalias, coerción y la supresión de la supervisión, condiciones fundamentalmente reñidas con la transparencia y la rendición de cuentas. El intento de destituir a Carandang refleja precisamente el abuso de poder que la Segunda Decisión Gonzales buscaba prevenir," añadió la ponencia de Singh.

El enfrentamiento entre el Defensor del Pueblo y Duterte

Tras presentarse las denuncias contra Carandang, primero fue suspendido y luego se ordenó su destitución.

Durante un tiempo, Carandang se mantuvo activo en su cargo porque su jefa, Morales, se opuso a la suspensión.

"Me negué a cumplir la orden ya que el presidente no tiene jurisdicción disciplinaria sobre los Defensores Adjuntos del Pueblo (siguiendo el caso Gonzales). Eso agravó mi deteriorada relación con Duterte," dijo la exDefensora del Pueblo a Rappler.

Lo que Morales ofreció fue investigar a Carandang por la supuesta violación, y decidir si sería sancionado. Desafortunadamente para Carandang, el mandato de Morales solo duraba hasta el 26 de julio de 2018.

"El 30 de julio de 2018, cuatro días después de mi jubilación, el Palacio emitió la decisión de destituir a Carandang. Mi sucesor cumplió diligentemente la decisión," dijo Morales.

Duterte nombró al exmagistrado asociado del SC Samuel Martires como su Defensor del Pueblo y, como era de esperar para algunos, el entonces defensor del pueblo implementó la orden de destitución en 2019. Martires dijo que no tuvo más opción que destituir a su segundo al mando.

"Usaron al ODO Art para intentar impulsar la reversión del fallo del Tribunal Supremo, sin importar que en el proceso mancharon la buena reputación del ODO Art e incluso le hicieron perder todos los beneficios que tanto le costó ganar. El ODO Art ya estaba allí cuando se estableció la Oficina del Defensor del Pueblo, y fue ascendiendo hasta convertirse en el segundo al mando de la oficina, sin ningún antecedente de corrupción o abuso," dijo a Rappler un excolega de Carandang en la Oficina del Defensor del Pueblo.

"Me alegra que ahora haya sido completamente vindicado, pero personalmente quiero ver que los abogados que impulsaron su destitución —cuya ilegalidad admitieron abiertamente— sean castigados por su conducta manifiestamente incorrecta," añadió el excolega de Carandang.

Duterte nombró a su exabogado Warren Liong para reemplazar a Carandang en 2020. Liong se vería luego envuelto en el escándalo de Pharmally Pharmaceutical Corporation, que involucra supuestos contratos de adquisición irregulares durante la pandemia de COVID-19.

El CA confirmó este año que Liong y sus codemandados eran administrativamente responsables de grave mala conducta, negligencia grave en el cumplimiento del deber, deshonestidad grave y conducta perjudicial para el mejor interés del servicio debido al escándalo de Pharmally.

Carandang simplemente estaba haciendo su trabajo

Las bases de las denuncias administrativas contra Carandang fueron sus declaraciones sobre las supuestamente irregulares transacciones bancarias relacionadas con Duterte. Estas estaban relacionadas con las denuncias del exsenador Antonio Trillanes IV ante el Defensor del Pueblo sobre los supuestos activos inexplicables de Duterte.

Se presentaron dos denuncias separadas contra Carandang tras su entrevista. Entre los denunciantes se encontraban los abogados Jacinto Paras y Glenn Chong, ambos aliados del expresidente.

Por su parte, la OP de Duterte encontró evidencia suficiente para declarar a Carandang responsable de corrupción y traición a la confianza pública, bases para destituirlo del servicio gubernamental.

Incluso en una situación hipotética en la que la OP tuviera jurisdicción sobre Carandang, el fallo Singh señaló que los cargos contra el exODO descansaban sobre una "base débil".

El SC afirmó que las declaraciones de Carandang no cumplían con la evidencia requerida para probar los cargos administrativos. Explicó que las declaraciones del exODO eran en realidad observaciones hechas por un funcionario cuyo trabajo era investigar a funcionarios y empleados públicos, incluido el presidente.

Según el Alto Tribunal, el uso por parte de Carandang de los términos "baka" (quizás) y "siguro" (posiblemente), entre otros, demostró que no había intención dolosa de su parte durante la entrevista con los medios.

El SC tomó nota de esto porque existía una acusación de que Carandang hizo declaraciones falsas cuando dijo que recibió transacciones bancarias del AMLC, a pesar de que la secretaría del AMLC afirmó que no proporcionó ningún informe al Defensor del Pueblo.

El SC añadió que las declaraciones del exODO mostraban "neutralidad", señalando que "de ninguna manera se le puede atribuir ningún acto de corrupción o práctica corrupta".

"En lugar de traicionar la confianza pública, el acto de Carandang de proporcionar información sobre el estado de una denuncia pendiente ante su oficina es coherente con el derecho del público a la información sobre asuntos de interés nacional," explicó la ponencia de Singh. – Rappler.com