¿Tráfico de influencias desde el Órgano de Administración Judicial?

Amores que matan (a la división de poderes)

Si usted es contribuyente, empresario, abogado o contador, esta historia le interesa. Tras la reforma-venganza de AMLO al Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial fue el que acaparó los reflectores. El tribunal de inquisición tiene facultades para investigar y sancionar a jueces y magistrados. En contraparte podemos decir que poca o nula atención se ha llevado el Órgano de Administración Judicial, quizá por su aburrido nombre y facultades cuya comprensión, me dicen, es solo para iniciados.

Este órgano administrativo con supuesta independencia técnica (se vale reír) está conformado por cinco personas, una representa al Poder Ejecutivo, uno al Senado y tres a la SCJN. Actualmente quien lo preside es nada menos que Néstor Vargas Solano, personaje que ostenta tal independencia del gobierno que en su trayectoria cuenta con haber sido -inhale y exhale- consejero jurídico de Claudia Sheinbaum siendo jefa de Gobierno de la CDMX. Así como lo están leyendo.

Cuando el gato no está, los ratones… ¿trafican influencias?

Es el caso que, como dicen los abogados, don Néstor aparentemente no se para por su oficina desde hace aproximadamente un mes, y ahora, como dicen los políticos, el vacío de poder siempre se llena con otra cosa. En esta ocasión, según me cuentan algunos funcionarios judiciales que conocí en las marchas en contra de la reforma-venganza judicial, así como un par de importantes abogados penalistas, ese espacio lo ha llenado ni más ni menos que Alejandro Evia Visconde, secretario general de la presidencia del Órgano de Administración Judicial.

Si le suena ese puesto es porque era el mismo que desempeñó Carlos Alpízar, cercanísimo al otrora ministro Zaldívar.

Cuando el amor es de dos, lo sufrimos y pagamos, todos.

Resulta que la esposa de Alejandro Evia Vizconde no es una abogada cualquiera -redoble de tambores-: es, ni más ni menos, que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Cuadrado! Este matrimonio es un hecho. Así se desprende del acta de matrimonio, inscrita el 2 de junio de 2012, número de acta 00271. En aquellos ayeres, Alejandro Evia tenía 36 años y Grisel Galeano, 33 años.

Hay que reconocer que ambos cuentan con una amplia trayectoria en sus respectivas carreras profesionales. Él se ha desempeñado desde marzo de 2009 en distintos puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Ella, por su parte, ha tenido diversas encomiendas en el Poder Judicial y fue directora general de Amparos contra Leyes en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría que hoy preside.

Ahora bien -fuerte doble-, esta solidez curricular admite dos lecturas:

¿Conocen a la perfección las reglas de las instituciones donde trabajan y por ello habrían de respetarlas escrupulosamente? O bien, las conocen lo suficiente como para romperlas. Según lo que me dicen mis fuentes, la realidad se acerca más a esto último.

¿Qué implica que estos dos funcionarios trabajen como dúo dinámico?

Varias cosas y, lamentablemente, todas malas. La primera es que le quita valor histórico a su nombramiento. La Comisión de Hacienda del Senado escribió en su boletín 5622 que Galeano sería la primera mujer en ocupar el cargo de procuradora fiscal de la Federación en la historia del país. Qué triste sería que sus victorias se las debiera a los tejes y manejes de su esposo para ayudarla a ganar sus asuntos.

En segundo término, y recordando que la Procuraduría Fiscal de la Federación es quien tiene la facultad de perseguir y fungir como víctima de delitos como la defraudación fiscal, el contrabando, delitos contra el RFC, relacionados con niveles volumétricos de gasolina, delitos financieros, bancarios, bursátiles, etc., tiene acceso a todas las teorías del caso, pautas de argumentación, datos de prueba, periciales, testimonios y demás herramientas para que los jueces pudieran, con ayuda de su esposo, corregir, sugerir mejoras o simplemente conocer por anticipado lo que no solo la Procuraduría Fiscal, sino lo que la FGR tiene y habría de exponer también.

En tercer término, esta alianza podría anular a la FGR en el control que por disposición constitucional tiene sobre la acción penal. A ese grado. Aun y cuando la FGR o algún juez de control no le diera la razón a la procuraduría encabezada por Galeano, esta puede acudir directo al amparo y posteriormente a la revisión, dominios por antonomasia de su esposo, Alejandro Evia.

En conclusión…

Desde que llegó la ‘4T’, una de sus prioridades ha sido la de implementar un sistema normativo de terrorismo fiscal. Ahí están los datos y los asuntos. Tratar de volver a la defraudación fiscal un delito grave, atentatorio a la seguridad nacional (viendo a los contribuyentes como desestabilizadores de la nación), con constantes auditorías y amenazas contra empresarios, trasnacionales, periodistas, abogados, políticos y adversarios en general. Ahora imagine a dos funcionarios clave que juraron apoyarse en la salud y en la enfermedad, para bien y para mal. Un “comité de judicialización de dos”, decidiendo vidas y destinos entre rosas y champaña. Viendo el tráfico de influencias como un gesto de amor. Santiago Nieto y Carla Humphrey son un noviazgo de secundaria, frente a los que representan estos dos funcionarios. No se vale.

Presidenta Sheinbaum, pensando bien, en el sentido de que no conociera de esta situación, ¿no le parece demasiado, además de buscar endurecer las leyes, colocar a funcionarios que están en posibilidad de coludirse en perjuicio de los contribuyentes para quedar bien con usted? Más allá de que lo hagan o no, están en posibilidad de hacerlo, y eso, en estos tiempos, simplemente no se ve bien y será imposible distinguir entre un caso ganado a la buena y otro que no sea así. No tomar medidas seguramente evitará que llegue más inversión de lo que a través de persecuciones y presiones se logre recaudar. En sus manos y conciencia quede esto.

Así las cosas, le pregunto como decía el clásico: ¿Y usted, qué opina?