‘Quiero visitar a mi hija’: Liberan a indígena en Edomex tras 12 años preso tras obtener amnistía

Lo primero que hizo Tomás Gabriel Crisanto, indígena otomí, luego de pasar 12 años, 9 meses y 27 días en la prisión de Almoloya de Juárez, acusado de un homicidio que no cometió, fue ir al panteón de su comunidad, Jiquipilco El Viejo, en el municipio de Temoaya, a visitar la tumba de su hija, quien falleció a los 26 años, víctima de la leucemia.

La joven deseaba titularse como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para revertir la sentencia de 44 años de prisión y liberar a su padre, quien fue acusado injustamente.

Una vez que la Ley de Amnistía se aplicó en la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México y se abrió la garita de la cárcel mexiquense, la esposa de Tomás, Carmela Flores, abrazó a quien ha sido su marido desde que ella tenía 16 años.

Y comenzó la fiesta al calor del fogón.

Tras recuperar su libertad, Tomás y Carmela se dirigieron, junto con familiares, amigos y defensores del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, a la Fiscalía General del Estado de México, donde la temoayense mantenía un plantón para exigir la liberación de su esposo.

Sobre la calle José María Morelos y Pavón, a Tomás Gabriel Crisanto le esperaba un manjar preparado con mole verde y pollo, frijoles, arroz y tortillas hechas a mano por la propia Carmela Flores.

“Quiero ir a visitar a mi hija en el panteón y apoyar a los compañeros que me estuvieron respaldando día y noche, y pagarles un poquito, lo que se pueda. Quizá no me merezca el apoyo que me han dado, pero voy a tratar de ayudarles en lo que pueda y retribuirles lo que me brindaron”, indicó Tomás entre sollozos.

El Financiero le preguntó a Gabriel Crisanto a qué se dedicará ahora que está en libertad y regresará a su natal Temoaya. Respondió que posiblemente reabrirá la tienda de uniformes escolares que tenía antes de entrar a prisión o que cambiará de giro para permanecer al lado de su esposa, Carmela Flores.

¿Cómo logró la amnistía Tomás Gabriel Crisanto?

Uno de los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fue que, durante el proceso, el poblador otomí no contó con un intérprete ni con una defensa que tuviera conocimiento de su lengua y cultura como integrante de un pueblo originario del norte del Estado de México.

El oriundo de Jiquipilco El Viejo fue sentenciado el 8 de mayo de 2014 por el delito de homicidio calificado, con una pena de 43 años y nueve meses de prisión, de los cuales cumplió 12 años, nueve meses y 27 días.

Carmela Flores recordó que la única imposición del juez que llevó el caso fue el pago de 660 mil pesos por concepto de reparación del daño. De esa cantidad, 300 mil pesos fueron cubiertos por el Poder Judicial del Estado de México y ella reunió los 360 mil pesos restantes, para lo cual tuvo que empeñar su casa.

“Y luego, con el apoyo de mis compañeras, quienes también nos ayudaron a recaudar ese dinero, solo se pagó la reparación del daño porque era un requisito para que le otorgaran la amnistía”, indicó Carmela Flores.

¿Por qué Tomás fue sentenciado?

La mujer recordó que el 16 de abril de 2013 su esposo estaba en la comunidad de Entabi, en Temoaya. Tras salir de la tienda de abarrotes que tenían, se subió a su camioneta y, camino a su casa, encontró a su sobrino, menor de edad, quien le pidió un “aventón”.

“Se subió, pero vio a estos muchachos y disparó desde la camioneta de mi esposo. Mi esposo no iba tomado, pero lamentablemente el menor llevaba una pistola. Fue todo lo que pasó. Mi esposo dijo que iba a ir a declarar porque no tuvo nada que ver.

Entonces fue al Ministerio Público y le fabricaron la orden de aprehensión. Se lo llevaron a Almoloya. Entregamos al muchacho porque sabíamos que él había disparado. Estuvo en la Quinta del Bosque (tutelar para menores infractores), pero ya salió”, expresó.

El sobrino de Tomás se declaró culpable

La mujer añadió que su sobrino deslindó de toda responsabilidad a su tío por la muerte del joven al que él mismo disparó. Tras cumplir su sentencia, abandonó el tutelar para menores infractores ubicado en el municipio de Zinacantepec, en el Valle de Toluca.

Para enfrentar la situación legal de Tomás, Carmela vendió una camioneta y dos terrenos con tal de verlo fuera de prisión.

“Él es un buen esposo, un buen ser humano, y aquí estamos en la lucha hasta que él salga. Llevamos 33 años de casados; los dos somos otomíes”, concluyó.