“Si reflexionas y devolvés las cosas capaz que vivís”, la advertencia del sicario que mató a dos narcos en Pilar y Recoleta

Poco después del homicidio a sangre fría de su amigo Marcelo González Algerini, crimen ocurrido en octubre de 2024 en Pilar, Fabián Sturm Jardon comenzó a recibir mensajes amenazantes por WhatsApp. En uno de los últimos chats, su interlocutor le advirtió: “Si reflexionas y devolvés las cosas capaz que vivís hermano y podés criar a tus hijos”.

Pero Sturm Jardon, un ciudadano uruguayo de 42 años, no vivió para criar a sus hijos. Fue ejecutado a sangre fría el 12 de diciembre de 2024 en Recoleta.

Para la Justicia, detrás de los dos homicidios estuvo el mismo tirador: Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar. El sindicado sicario, que había escapado a Brasil, desde donde fue extraditado, acaba de ser procesado con prisión preventiva por el delito de “homicidio ocasionado en dos oportunidades, ambos agravados por el uso de arma de fuego y por haber obedecido a un precio o promesa remuneratoria y el segundo de ellos, también por haber sido cometido con alevosía”.

Así se desprende de una resolución firmada hoy por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, a la que tuvo acceso LA NACION.

“Cabe destacar que del cúmulo de medidas probatorias producidas en el marco de las causas acumuladas -testimoniales, análisis de registros fílmicos, informes de fuerzas especializadas y constancias documentales- se pudo establecer que el autor de los homicidios investigados era Caraballo Escobar, quien actuaba bajo identidades falsas tales como Nicolás Sanguinetti y Joaquín Amoroso, alias Sobrino”, sostuvo el magistrado en la citada resolución.

Como había informado LA NACION, las víctimas y el acusado estaban vinculados a organizaciones narcocriminales. El juez González Charvay lo explicó así: “En efecto, de las constancias reunidas surge que tanto González Algerini y Sturm Jardon, como el propio imputado, se encontraban vinculados a actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, manteniendo entre sí una relación de confianza y negocios comunes en dicho ámbito”.

En un primer momento, el homicidio de González Algerini fue investigado por la fiscal Marcela Semeria, que en octubre de 2024 era la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Drogas de Pilar, y el asesinato de Sturm Jardon por el fiscal nacional en lo criminal y correccional porteño Marcelo Roma, pero después, ante las pruebas de que los dos crímenes podrían estar vinculados y los móviles podrían tener relación con un ajuste de cuentas del narcotráfico, los expedientes se unificaron en el Juzgado Federal de Campana, y la pesquisa quedó a cargo del fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias.

Si bien ambas víctimas sostenían que se dedicaban a la compra-venta de vehículos, esta actividad habría sido utilizada como fachada para justificar ingresos provenientes de esas maniobras ilegales. En particular, respecto de González Algerini, se constató la existencia de antecedentes narcocriminales de relevancia federal, como por su participación en maniobras de tráfico de estupefacientes que culminaron con el secuestro de más de 785 kilos de cocaína el 4 de julio de 2024 en Caviahue, en Neuquén, así como también, abundante evidencia material secuestrada en su domicilio y fotografías guardadas en dispositivos electrónicos que dieron cuenta de su intervención en operaciones de tráfico a gran escala.

Por su parte, en relación a Sturm Jardon, también se verificaron conductas compatibles con ese negocio ilícito, incluyendo la sustracción y ocultamiento de material estupefaciente y comunicaciones vinculadas al narcotráfico", dijo en su fallo el juez González Charvay.

Sobre el móvil detrás de los dos homicidios, el magistrado trazó una hipótesis: “No quedarían dudas de que tanto Gonzáles Algerini, como Sturm Jardon y Caraballo Escobar estaban involucrados en actos de tráfico ilícito de drogas. Este entramado contextual permite comprender el móvil de los asesinatos, en tanto la prueba reunida indica que los homicidios investigados se habrían perpetrado como represalia frente a la apropiación indebida de ‘mercancía’ y/o dinero derivados de dichas actividades”.

La primera vez que el sindicado sicario uruguayo estuvo ante el juez González Charvay, el fiscal Bringas y el fiscal Matías Álvarez, quien participó en representación de la Procunar, se negó a declarar. Posteriormente, en una ampliación sostuvo que el 12 de octubre pasado, cuando ocurrió el primer crimen, no estaba en Pilar, sino a 350 kilómetros de distancia, en la costa atlántica.

Sobre los chats que recibió la segunda víctima, el magistrado dijo: “En tal contexto, el contenido del mensaje permite apreciar que la preservación de la vida de la víctima se encontraba condicionada al cumplimiento de una exigencia patrimonial, al tiempo que deja entrever que la vida de González Algerini había estado previamente sujeta a idéntica lógica decisional. Desde una perspectiva valorativa, el audio [mensaje de voz] permite inferir que tanto la muerte de González Algerini, como la posterior de Sturm Jardon, se encontraban supeditadas a la decisión de un tercero en favor de quien se formulaban las exigencias económicas y cuya voluntad se erige como eje ordenador de la secuencia de amenazas y de los resultados letales. En efecto, del tenor del mensaje se desprende que la ejecución de la violencia extrema no respondía a una reacción aislada o circunstancial, sino que se presentaba como una consecuencia anunciada frente al incumplimiento de una obligación patrimonial, circunstancia que constituye un elemento de especial relevancia a los fines de valorar la existencia de una dinámica delictiva común y organizada”.