En Portland, el juez federal Michael H. Simon dictó el 3 de febrero de 2026 una orden temporal que limita el accionar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Esta resolución impide a los oficiales dirigir gas lacrimógeno u otras municiones contra personas que se manifiesten en los alrededores de su edificio.
La decisión judicial establece que ningún agente puede “dirigir o usar municiones químicas u otros proyectiles” contra alguien, a menos que ese individuo represente una “amenaza inminente de daño físico” para un oficial o para otra persona.
Queda prohibido para los agentes federales utilizar:
Los oficiales tampoco pueden dirigir fuerza contra personas que presuntamente invadan la propiedad o que se nieguen a cumplir una orden de dispersión en las instalaciones.
El fallo también prohíbe disparar armas o proyectiles a la cabeza, el cuello o el torso de una persona, salvo que exista justificación legal para el uso de fuerza letal.
La orden se aplica a los alrededores del edificio de ICE ubicado en South Macadam Avenue y Bancroft Street, en el barrio South Waterfront.
La decisión se dictó en el marco de una demanda presentada por manifestantes y periodistas independientes que denunciaron uso excesivo de la fuerza frente al edificio de ICE.
Entre los denunciantes figuran Jack Dickinson, conocido como “Portland Chicken”; Laurie y Richard Eckman, una pareja de alrededor de 80 años; y los periodistas independientes Mason Lake y Hugo Ríos.
Según el documento, Eckman, recibió un impacto en la cabeza con una munición química mientras sostenía un cartel en una calle pública. La mujer regresó a su casa con heridas visibles y luego fue diagnosticada con conmoción cerebral. Ese mismo tipo de dispositivo impactó el andador de su esposo, Richard Eckman, durante un operativo contra una multitud no violenta.
Por su parte, Dickinson fue empujado con fuerza por los agentes y luego recibió impactos de proyectiles desde el techo del edificio. En otro episodio, fue rociado directamente con aerosol de pimienta mientras permanecía sentado y sin bloquear el tránsito.
En el caso de Mason Lake, el fallo señaló que un oficial le disparó en la zona de la ingle pese a que llevaba equipo de protección. También indicó que en otras ocasiones fue apuntado con un láser y rociado con gas en el rostro y sobre su equipo de trabajo.
Respecto de Hugo Ríos, el tribunal describió empujones, golpes a su cámara hasta inutilizarla y disparos reiterados de bolas de pimienta, incluso cuando se encontraba aislado de otros manifestantes.
El tribunal también consideró testimonios de otros periodistas y observadores y concluyó que existe un efecto amedrentador sobre el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda.
En su opinión, Simon escribió que la libertad de expresión y la protesta política distinguen a una república democrática de los regímenes autoritarios. Agregó que el país norteamericano atraviesa “una encrucijada” y que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de actuar para resguardar el orden constitucional.
Tras el fallo, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, defendió en un comunicado enviado a medios como Oregon Live la actuación de la agencia.
McLaughlin declaró que la Primera Enmienda protege la expresión y la reunión pacífica, “no los disturbios”. Añadió que el DHS actúa de forma constitucional para proteger a sus oficiales y al público, y recordó que obstruir a las fuerzas del orden es un delito federal.
La orden tiene vigencia de 14 días, salvo que sea extendida por acuerdo de las partes o por una nueva decisión judicial. El juez fijó una audiencia para el 2 de marzo de 2026 con el fin de evaluar si la medida se convierte en una orden preliminar de mayor duración.
Además, ordenó al DHS entregar una copia de la resolución, o un resumen completo, a todos los agentes asignados a la custodia del edificio de ICE en Portland y presentar ante la corte el material distribuido.

