México tiene el objetivo alcanzar este año una inversión equivalente a 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en un esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y el sector privado para capitalizar la relocalización de cadenas productivas y acelerar la política industrial, afirmó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.
Durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, la empresaria sostuvo que cumplir esta meta exige destrabar proyectos, agilizar permisos y enfocar recursos públicos y privados en prioridades estratégicas.
“Para 2026 queremos lograr la meta de 25 por ciento de inversión sobre el PIB. Para ello pedimos a empresarios y funcionarios por igual acelerar proyectos, aterrizar prioridades y resolver problemáticas y permisos”, subrayó ante representantes del sector productivo.
Altagracia Gómez recordó que el Plan México, presentado en enero del año pasado, estableció una hoja de ruta para elevar el contenido nacional, impulsar la industrialización con mayor valor agregado y atraer inversión nacional y extranjera mediante una política industrial activa, planeación y coordinación entre empresas, academia y autoridades.
“Sus metas impulsan la industrialización del país con más valor agregado”, señaló.
La coordinadora detalló que esta estrategia prioriza la sustitución de importaciones de países con los que México no tiene tratados comerciales, una mayor vinculación entre educación y sectores productivos estratégicos, así como un crecimiento económico con inclusión, innovación, digitalización, sustentabilidad y enfoque regional.
La empresaria destacó avances concretos logrados en los últimos meses, como la reducción de trámites burocráticos con la Agencia de Transformación Digital; la definición de reglas claras para invertir en el sector energético, priorizando la estabilidad del sistema eléctrico y el respeto a los derechos adquiridos; y el impulso al programa Hecho en México desde la Secretaría de Economía.
También mencionó reformas estructurales orientadas a fortalecer el mercado interno y combatir prácticas desleales, entre ellas la reforma aduanera con la ANAM para erradicar el contrabando, cambios legales para imponer aranceles a países con comercio desleal y la modificación a la Ley de Adquisiciones para incrementar el contenido nacional en las compras públicas.

