El gobierno de Tierra del Fuego llevó este miércoles a la Justicia Federal la intervención nacional del puerto de Ushuaia y presentó una demanda por inconstitucionalidad. La administración provincial solicitó una cautelar para el inmediato cese de la intervención prevista para los próximos doce meses luego de que el Gobierno Nacional afirmara que detectó “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones. El mandatario provincial, Gustavo Melella, había calificado a la intervención de un “acto irresponsable”.

La demanda argumenta que la resolución nacional es inconstitucional porque usurpa competencias locales, vulnera la autonomía provincial y arrebata de forma ilegítima la administración de recursos económicos propios.

“Vamos a la Justicia Federal por la intervención del Puerto de Ushuaia. Es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo: una intervención federal encubierta”, detalló Melella en X. “Los argumentos del Gobierno Nacional son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado. Hoy lo hacen con el puerto. Mañana pueden hacerlo con cualquier institución o provincia”, remarcó.

Melella también sostuvo en declaraciones radiales que se encuentra en diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, sobre la intervención, y que el funcionario mostró preocupación por la medida.

La acción judicial de inconstitucionalidad -a la que accedió LA NACION- apunta sobre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), actualmente a cargo de la administración del puerto bajo el mando de Iñaki Arreseygor, con el objetivo de anular la intervención y buscar la restitución plena del dominio, administración, explotación y percepción de recursos de la provincia.

La cautelar, expresaron, es una medida urgente para “evitar un daño institucional grave e irreparable, dada la sustracción diaria de recursos provinciales y la generación de hechos consumados de difícil reversión”.

Tras la intervención, el Gobierno dejó a cargo de la operación del puerto de Ushuaia a un sindicalista

La demanda, redactada a través del secretario legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, y el equipo de esa secretaría, fue presentada ante la Justicia Federal y ataca directamente la resolución 4/2026, que formalizó la decisión de la gestión libertaria.

Allí el Gobierno informaba que, tras una serie de inspecciones, concluyó que el puerto tenía un deterioro significativo en sectores estructurales, deficiencias en la señalización e incumplimiento de protocolo y la falta de observancia de mínimos estándares nacionales e internacionales de la tecnología y seguridad.

También hablaba de un “desbalance entre los préstamos otorgados” y una baja inversión en infraestructura. Denunciaba que la administración “destinó un 33% de su presupuesto a subvenciones y solo un 1,3% para la ejecución de obras e iniciativas que optimicen las prestaciones actuales”. Esto último, aseguraba, podía comprometer la disponibilidad futura de recursos para ejecutar obras.

La intervención tiene una duración de un año. Finalizado ese período, se hará una nueva inspección para determinar si se debe mantener o terminar la intervención.

Presentación

En su presentación judicial de este martes, el gobierno de Tierra del Fuego argumentó que la intervención representa una violación de la autonomía provincial y el régimen federal, ya que se trata de una “intervención federal indirecta o encubierta” que evita el procedimiento constitucional previo para dicha decisión, que es la sanción de una ley en el Congreso.

El principal argumento es que la gestión integral de un puerto provincial es una competencia propia e indelegable de la provincia. El gobierno fueguino consideró que la administración libertaria desconoció el Convenio de transferencia de puertos Nación-Provincia, donde el Gobierno Nacional “le transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la provincia”.

La administración provincial denunció que, a través de la resolución, la ANPyN creó un esquema de recaudación y administración financiera paralelo, donde centralizaron los recursos en cuentas nacionales y los sustrajeron del control del Tribunal de Cuentas provincial, ordenando el depósito de fondos en una cuenta nacional. “El sistema sustrae recursos del circuito presupuestario fueguino”, explicaron.

Para Melella y su gobierno, la medida implica una desviación de poder y un exceso de las facultades de control y fiscalización conferidas por la Ley de Puertos, debido a que el Gobierno Nacional toma funciones de la administración directa.

“Esta acción judicial trasciende el caso específico del Puerto de Ushuaia. Se erige como un caso testigo para la defensa del sistema federal argentino, reafirmando que las provincias son preexistentes a la Nación y conservan todos los poderes no delegados expresamente. El Gobierno de Tierra del Fuego actúa con la firme convicción de defender los derechos soberanos de su pueblo y de sentar un precedente claro sobre los límites del poder central, en estricto cumplimiento y defensa del orden constitucional”, concluyeron.

Las tensiones alrededor del puerto y un avión militar de EE.UU.

El conflicto por la intervención recrudeció los conflictos preexistentes entre la administración nacional y provincial. Menos de una semana después de que la ANPyN quedara a cargo del puerto, un avión con una delegación bipartidaria de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aterrizó en Tierra del Fuego. La llegada despertó las alarmas del gobierno local y del arco político, y muchos cuestionaron que el arribo de los congresistas no haya sido notificado o explicado de forma oficial.

De hecho, Melella consideró la posibilidad de que la presencia de la delegación se relacione con la intervención del puerto. “Uno lo mira desde la intervención irracional e ilegítima del puerto, que es una locura, y a partir de ahí uno puede pensar otras locuras. Ahí hay un escenario [posible]: que esto tiene que ver con una cuestión geopolítica, que es asegurarle el puerto a un país extranjero, y lo que es Ushuaia y Tierra del Fuego en cuestión geopolítica, ya que se viene la discusión de la Antártida y Ushuaia es su puerta de entrada”, consideró en Radio con Vos.

El mandatario provincial contó que no hubo una comunicación de parte de la embajada o de otros funcionarios del Gobierno Nacional sobre la llegada de los congresistas. La notificación que recibieron fue a través de la Dirección de Aeronáutica provincial, que les alertó que la embajada solicitó que el avión de la dirección quedara guardado en su hangar, a lo cual se negaron.

“Lo que decía es que era un grupo de parlamentarios americanos que venían a charlar con científicos y técnicos de la provincia a puertas cerradas. No sabemos con qué criterio y para qué se eligió a esta gente”, expresó.

Y sumó: “Si viene un grupo diplomático de parlamentarios corresponde que la embajada se comunique con el gobierno de la provincia de manera formal y lo diga. No hubo un contacto formal de la embajada llamando al gobernador. Fue de una formalidad y una cosa muy cerrada. Se hizo de una forma muy rara”.

En relación a las acusaciones de malversación y desvío de fondos públicos y desinversión en el puerto, el mandatario provincial señaló que el puerto fue considerado “uno de los mejores de la región hace uno o dos años” y que allí se hicieron “obras de infraestructura que nunca se habían hecho”.

También mencionó la reciente ley aprobada por la Legislatura provincial, que permitía que las ganancias del puerto se pongan a disposición de la obra social de la provincial, una normativa que fue usada por el Gobierno Nacional para justificar la intervención. “Nosotros les advertimos [a los legisladores] que eso no se podía hacer y no se usó ni un solo peso para la obra social de la provincia. Si había desvíos o malversación, tendrían que haber hecho la denuncia penal, y no lo hicieron porque son unos mentirosos”, reclamó.

Y sentenció: “Es muy serio lo que están haciendo. Quiero creer que el Presidente no está en esto porque ha puesto al zorro a cuidar las gallinas. Y dejaron afuera a 154 trabajadores”.

Melella sostuvo que su comunicación con la gestión libertaria pasa a través de Santilli. “A partir de su asunción, tenemos diálogo con él. Comparte la preocupación. Claro que un ministro del Interior está preocupado por la intervención porque es quebrar la autonomía y el federalismo y lo entiende. Pero no es un área que dependa de él realmente. Está preocupado y creo que a través de él podemos encontrar un camino de diálogo y consenso. Pero no con las autoridades de ANPyN”, cerró.