Los diputados Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba delinearon la presentación de un amparo judicial tras los nombramientos votados en Diputados para cubrir tres vacantes de la Auditoría General de la Nación. Ingresaron por La Libertad Avanza, por gobernadores y por Unión por la Patria. El PRO fue dejado de lado por el gobierno y allí comenzo la cruzada judicial. Difícil que prospere dada la reticencia histórica del Poder Judicial de laudar sobre cuestiones propias del Poder Legislativo. Reina el “arréglense ustedes”.
La Auditoría General de la Nación surgió en la reforma de la Constitución de 1994 y de la mano de una iniciativa de Ricardo Gutiérrez, quien fuera secretario de Hacienda de Domingo Cavallo y un conocedor como pocos del Presupuesto y de todo lo relacionado con el control de gestión.
Antes de la creación de la AGN, sólo existía el Tribunal de Cuentas. En su artículo 84, la Constitución destaca que “el control externo del sector publico nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo...El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoria de toda la actividad de la administración publica centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue”. No habla la Constitución de un cuerpo colegiado pero luego por ley impulsada por los entonces diputados Oscar Lamberto y Jesús Rodríguez se crearon seis directores más para repartir en Diputados y Senadores. El diablo metió la cola.
Desde el 30 de marzo del 2024 que estaban vacantes las tres sillas a designar por Diputados. Desde el 30 de marzo del 2025 están vacantes las del Senado. La duración de cada director es de 8 años, demasiado, y los sueldos son de los más elevados de la función pública. Por ello tanta puja.
Las heridas están tan abiertas entre el PRO y LLA que se reclaman ahora sillas en el directorio de YPF, que paradójicamente tiene todas las sillas ocupadas. En el Senado no quieren más combates y la designación de los auditores pasará para febrero como mínimo. Con el tratamiento del Presupuesto los senadores de LLA ya tienen suficiente como para cerrar el año.
La corrupción es hija de la falta de controles. Por ello la importancia de contar con una AGN sólida, técnica y no como sólo un lugar para obsequiar cargos. ¿Qué pasó con las vacunas por el COVID en la gestión de Alberto Fernández? Sería un buen puntapié para el organismo. El Presupuesto se lleva por ahora los títulos principales. Pero en algún momento sería sano contar con una AGN técnica.