El proyecto de ley de finanzas de Kenia 2026 podría obligar a las plataformas de criptomonedas a identificar a los propietarios de billeteras

Kenia obligará a los exchanges de criptomonedas y a las plataformas de activos virtuales a revelar las identidades y registros de transacciones de sus clientes, en una amplia nueva propuesta fiscal que reduciría drásticamente el anonimato en uno de los mercados cripto más activos de África.

Según las enmiendas al Proyecto de Ley de Finanzas 2026, los proveedores de servicios de activos virtuales deberán presentar declaraciones anuales ante la Autoridad Tributaria de Kenia (KRA) con los nombres de los usuarios kenianos, sus historiales de transacciones y actividades de billetera. El proyecto propone enmiendas a la Ley de Procedimientos Tributarios de Kenia, introduciendo las Secciones 6C y 6D que incorporan la economía cripto del país a la red tributaria formal.

Las propuestas, actualmente ante el parlamento, representan una de las señales más claras hasta ahora de que Nairobi pretende reforzar la supervisión de una economía de activos virtuales en crecimiento que ha operado en gran medida fuera del alcance de la regulación financiera tradicional.

"Cada proveedor de servicios de activos virtuales deberá presentar una declaración de información ante el Comisionado con respecto a todos los usuarios de activos virtuales con los que mantenga una relación en cada año calendario y que sean identificados como usuarios declarables o como con personas controladoras que sean personas declarables", dice la propuesta de Sección 6C.

Según la ley propuesta, proporcionar información falsa acarrearía una multa de KES 100.000 ($775) por cada entrada falsa, hasta tres años de prisión, o ambas, mientras que las omisiones conllevarían penalizaciones financieras similares.

De ser aprobadas, las normas situarían a Kenia junto a un creciente número de gobiernos que avanzan para someter a las plataformas cripto a los mismos estándares de divulgación que los bancos y otras instituciones financieras, a medida que las autoridades de todo el mundo intensifican los esfuerzos para rastrear los ingresos imponibles y los flujos financieros ilícitos ocultos en activos virtuales.

La ley propuesta también ampliaría los poderes de vigilancia fiscal transfronteriza de Kenia. La Sección 6D del proyecto permite a la KRA celebrar acuerdos de intercambio de información con autoridades fiscales extranjeras, lo que podría permitir el intercambio de datos financieros relacionados con criptos entre jurisdicciones. 

"Kenia podrá celebrar un acuerdo con otro país para el intercambio automático de información relativa a transacciones que involucren activos virtuales", indica el Proyecto de Ley de Finanzas 2026.

Impulso global

Las normas de divulgación propuestas por Kenia reflejan un impulso global para incorporar el comercio de criptomonedas a la corriente regulatoria principal y dificultar que los inversores oculten ganancias a las autoridades fiscales. 

Los nuevos estándares internacionales de reporte desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajo el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF) entraron en vigor el 1 de enero de 2026, exigiendo a las plataformas cripto en las jurisdicciones participantes que recopilen y reporten los datos de transacciones de los clientes. 

A partir de 2027, se espera que las autoridades fiscales de más de 40 países —incluidos los estados miembros de la UE, Brasil, Sudáfrica y las Islas Caimán— comiencen a intercambiar información obtenida de los exchanges con sus contrapartes extranjeras.

Hasta ahora, 75 países se han comprometido a implementar el marco CARF, incluidos grandes centros cripto como los Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Suiza y Hong Kong, que se espera comiencen a intercambiar datos a partir de 2028. Las autoridades kenianas afirman que las normas más estrictas tienen como objetivo frenar la evasión fiscal y la actividad financiera ilícita en un mercado de rápido crecimiento pero opaco que la KRA estima procesó alrededor de KES 2,4 billones ($18.500 millones) entre 2021 y 2022, equivalente a casi una quinta parte del producto interior bruto (PIB) del país.