MANILA, Filipinas – El expresidente filipino Rodrigo Duterte podría ir a juicio en la Corte Penal Internacional (CPI), pero obtiene una nueva oportunidad de solicitar su libertad, aunque sea temporal, porque la revisión anual ha comenzado.

En la CPI, independientemente de si un sospechoso ha perdido su solicitud de libertad provisional, el tribunal realizará una revisión anual para determinar si la detención sigue siendo justificada. Cada año, los jueces examinarán si ha habido un cambio en las circunstancias.

La sala de primera instancia III — un nuevo grupo de tres jueces encargados de juzgar a Duterte por crímenes de lesa humanidad — será la que realice ahora esa revisión anual. Los abogados de las víctimas ya presentaron comentarios oponiéndose a la libertad durante la audiencia anual — celebrada el último día de la audiencia de confirmación de cargos a finales de febrero — pero la sala de primera instancia indicó que se deben enviar nuevos comentarios ("observaciones").

"A la luz de los desarrollos posteriores a la audiencia anual, la Sala considera necesario dar a las partes y participantes la oportunidad de presentar cualquier observación que puedan tener con respecto a la detención continuada o la puesta en libertad del Acusado, con o sin condiciones, incluida la existencia de cualquier cambio de circunstancias", dijo la sala de primera instancia el 1 de mayo.

Todas las partes tienen hasta el 8 de mayo para enviar sus comentarios. Duterte irá a juicio por ser el presunto coautor indirecto de crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato. El caso cubre 49 incidentes que causaron la muerte de 78 personas durante un período de nueve años, desde la época de Duterte como alcalde de Davao City hasta cuando fue presidente.

La libertad temporal, o libertad provisional en la CPI, se concede a los sospechosos si no presentan ninguno de los tres factores de riesgo:

1. Riesgo de huir del caso
2. Riesgo de obstruir el caso intimidando a los testigos
3. Riesgo de volver a cometer los mismos presuntos delitos

La CPI aún no ha concedido la libertad provisional a ningún sospechoso de crímenes de lesa humanidad.

Lo que ocurrió antes

En el último día de la audiencia de confirmación de cargos, la fiscalía señaló que la renuncia de Duterte a asistir a la audiencia significa que representa un riesgo de fuga. Duterte firmó una renuncia indicando que no asistiría a la audiencia de confirmación, expresando ningún interés en seguir el caso. Durante el juicio, Duterte está obligado a asistir.

"Dijo que fue empujado a la fuerza a un avión y trasladado a La Haya. Se refiere a su arresto como un secuestro. Nada de eso suena como las palabras de una persona que regresaría voluntariamente al Tribunal", dijo el abogado del juicio de la fiscalía Julian Nicholls durante la audiencia.

El hecho de que miles de sus seguidores sigan haciendo campaña para que el Tribunal Supremo filipino conceda las peticiones de hábeas corpus de sus hijos también es un factor de riesgo, dijo el abogado de las víctimas Joel Butuyan.

"Esta muestra de apoyo demuestra la cruda realidad de que, si el señor Duterte es puesto en libertad, existe un enorme riesgo de que sus seguidores encuentren maneras de facilitar su regreso subrepticio a Filipinas para liberarlo de la jurisdicción de este Tribunal", dijo Butuyan durante la audiencia.

Antes de esto, el abogado defensor principal de Duterte, Nicholas Kaufman, había intentado introducir un nuevo argumento — que el presunto deterioro cognitivo del expresidente afecta a esos factores de riesgo. La sala de cuestiones preliminares no litigó esto plenamente, por lo que Kaufman fue a la sala de apelaciones para argumentar la injusticia en los procedimientos. La sala de apelaciones rechazó ese argumento el pasado marzo.

Un panel independiente de expertos médicos determinó que Duterte aún tiene suficientes funciones ejecutivas para comprender y participar de manera significativa en su caso, o en términos legales de la CPI, está en condiciones de ser juzgado.

La sala de primera instancia III celebrará una conferencia de situación el 27 de mayo, que dará inicio a las siguientes etapas, incluida la fijación de una fecha para el juicio.

La jueza británica Joanna Korner será la jueza presidenta de la sala de primera instancia III. Los otros dos jueces son Keebong Paek de Corea y Nicolas Guillou de Francia. El juez Guillou se encuentra entre los funcionarios de la CPI sancionados por Estados Unidos debido a la investigación del tribunal sobre el ataque del 8 de octubre contra Israel y la posterior destrucción de Gaza por parte de Israel. El juez Guillou formó parte de la sala que emitió la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

– Rappler.com